El narcotráfico intentaba echar raíces a las puertas de la capital, pero la Operación Vulcano les cortó el avance.
En un operativo quirúrgico en la vereda Agua Bonita (Silvania), las autoridades destruyeron un complejo clandestino que no solo era una fábrica de estupefacientes, sino un motor financiero para el crimen organizado en Cundinamarca.
Según el gobernador Jorge Emilio Rey, este laboratorio tenía una capacidad de producción de 500 kilos mensuales de clorhidrato de cocaína.
Más de $3.600 millones de pesos arrebatados a las estructuras criminales.
Insumos neutralizados: 200 kilos de sólidos y casi 1.000 galones de precursores químicos.
Equipos de alta gama para el procesamiento que quedaron reducidos a cenizas.
«Estamos cerrándole el paso a estas estructuras para evitar que este tipo de fenómenos proliferen en cercanías a Bogotá», afirmó el mandatario departamental, subrayando que la vigilancia en la región de la Sabana será permanente.
Lo más preocupante del hallazgo —y donde radica el éxito de la inteligencia policial— es que estas estructuras estaban operando bajo un esquema de subcontratación.
Grupos de delincuencia común locales estaban siendo reclutados para facilitar la logística y distribución, una dinámica que buscaba expandir el mercado de droga tanto en los municipios aledaños como en las calles de Bogotá.
La operación fue un trabajo de relojería entre el Comando de Policía de la Sabana, la DIJIN y los Comandos Jungla de la Dirección de Antinarcóticos.
El teniente coronel Camilo Torres confirmó que el objetivo no es solo destruir las «cocinas», sino desarticular toda la cadena de suministro que alimenta la inseguridad en el centro del país.
Para Cundinamarca, este operativo es un respiro en la lucha por el control territorial; para el narcotráfico, un mensaje claro: la Sabana no es zona de libre expansión.