En una decisión de alto impacto institucional, la Sección Segunda del Consejo de Estado ordenó la suspensión provisional del decreto que estableció el salario mínimo para 2026 en $1.750.905 (un incremento del 23,7% respecto al año anterior).
El alto tribunal determinó que existen indicios de que el Ejecutivo pudo haberse extralimitado en sus facultades al no seguir los parámetros técnicos y legales exigidos para este trámite.
El tribunal argumentó que el incremento propuesto por la administración del presidente Gustavo Petro no presenta una fundamentación económica suficiente que respalde la cifra.
En consecuencia, el Gobierno Nacional dispone de ocho días calendario para emitir un nuevo decreto de carácter transitorio.
Este nuevo ajuste deberá basarse estrictamente en la inflación causada, la productividad certificada oficialmente y las metas del Banco de la República, garantizando que el nuevo valor al menos proteja el poder adquisitivo de los trabajadores sin poner en riesgo la estabilidad económica del país.
Por el momento, los pagos ya realizados bajo el decreto suspendido se mantienen firmes, pero la medida cautelar busca prevenir «perjuicios irremediables» en la economía nacional mientras se dicta una sentencia definitiva sobre la legalidad del aumento original.